Posteado por: desparpajado | 08/03/2009

¿Absolución o condena?


 

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Esta semana, la noticia sobre la decisión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ocupado, junto al tema de las expropiaciones,  los principales titulares de los diarios y noticieros de radio y televisión venezolanos.

 

Tal efecto mediático no es extraño, pues era de suponer que una sentencia de esa magnitud generaría bastante tela para cortar. Obviamente las reacciones no se han hecho esperar y ya los diferentes bandos han difundido la información a su manera, generando así dos visiones, totalmente distintas, del mismo hecho.

 

Voceros del Gobierno han dicho que el Estado venezolano fue absuelto en ambos casos al citar, en un comunicado oficial, que la sentencia del tribunal regional indicó que “no violó ninguna de las libertades de expresión, propiedad e igualdad de las empresas de comunicación privadas Globovisión y RCTV”.

 

La sentencia judicial “sólo estableció que el Estado habría fallado presuntamente en su obligación por no  evitar que terceras personas obstaculizaran el ejercicio profesional de los periodistas”, apuntó informe21.com.

 

De igual manera, la agencia internacional de noticias EFE señala que  en el caso de Globovisión, la cadena “había solicitado que se penalizara a Venezuela con el pago de un millón de dólares”, pero el fallo de la CIDH “no ordena ni obliga a  indemnizar a los demandantes por daño moral o físico,  sólo estipula el pago de una  cantidad monetaria por concepto de gastos del juicio”.

 

Por su parte, Globovisión aseveró que el fallo declara y condena de manera definitiva e inapelable la responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de los derechos a la libertad de expresión e integridad personal de trabajadores de las cadenas privadas de televisión.  

 

Así mismo, a través de un comunicado de prensa, Radio Caracas Televisión felicitó a las personas que aparecen como víctimas en el caso por “el logro de esta sentencia, definitiva e inapelable”, la cual reivindica la lucha en defensa de la libertad de expresión. Considera que  esta decisión dará pie a nuevas acciones nacionales o internacionales en materia de derechos  humanos. También lamentó las agresiones contra periodistas, camarógrafos y trabajadores de la Comunicación Social “donde quiera que ocurran”.

 

En tal sentido, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría, opina que luego de una lucha de casi 6 años, “se hace finalmente justicia por parte del más alto tribunal hemisférico de los derechos humanos”, refiriéndose a la decisión de la CIDH que exige al Estado venezolano que garantice a los trabajadores de Globovisión y RCTV trabajar sin restricciones más allá de la ley y sin atentar contra su seguridad física.

 

Echeverría destacó, en una entrevista reseñada por el-nacional.com, que la sentencia llega “sin que exista un solo caso sancionado por el caso de RCTV, de manera definitiva, por parte de las instituciones judiciales venezolanas. Nuestras autoridades están en mora con el gremio periodístico”.

 

“La sentencia inapelable de la Corte Interamericana ordena al Estado de nuestro país a adoptar las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio a la libertad de buscar, recibir y difundir información”, apuntó Echeverría. “Vamos entonces al diálogo, vamos a discutir con respeto, vamos al debate democrático. El espacio institucional del Colegio de Periodistas esta listo para que discutamos abiertamente entre periodistas y medios de comunicación”.

 

Sin embargo, la Corte argumentó que en los casos denunciados por periodistas venezolanas “no está establecido que el Estado haya violado el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, el cual dictamina el derecho de igualdad ante la ley, así como tampoco el artículo 21 relacionado a la propiedad privada.

 

La CIDH también refirió que el Estado venezolano no violó el artículo 13.3, referido a libertad de expresión el cual indica que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como abusos de controles oficiales o particulares de papel para periódicos frecuencias radioeléctricas o aparatos usados en difusión de información”.

En contraste,  la misma Corte encontró al Estado “responsable por el incumplimiento de su obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención, el cual garantiza  la libertad de buscar, recibir y difundir información y el derecho a la integridad personal” en perjuicio de una serie de periodistas y técnicos de Globovisión y RCTV, quienes presuntamente fueron agredidos verbal o físicamente por algunos partidarios oficialistas durante el período 2001- 2004.

 

Venezuela también “es responsable por el incumplimiento de obligación de los artículos 13.1 y 5.1 de la Convención”. El 13.1 indica que “toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole sin consideración de fronteras”.  Y el artículo 5.1 tiene que ver con el derecho a la integridad personal.

 

 

Comentario desparpajado: Ciertamente el fallo de la CIDH, órgano judicial que conoce bien las medias tintas,  condena y absuelve al Estado venezolano por los hechos acontecidos entre 2001 y 2004. La decisión, bastante diplomática, apoya a ambos sectores enfrentados y le obsequia  puntos a favor a cada uno  para continuar en la lucha, todos contra todos.

 

 Aún más cierto es que la sentencia reivindica la lucha de los periodistas venezolanos en defensa de la libertad de expresión y se convierte en la luz al final del túnel por indicar la responsabilidad que tiene Estado de conducir eficazmente y dentro de un plazo razonable las investigaciones y procesos penales abiertos a nivel interno que se encuentran en trámite, así como los que se abran en lo sucesivo, para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos ocurridos.

 

Como comunicador de este país, espero y aspiro que esta primera sentencia dé paso  a nuevas acciones, nacionales e internacionales, que garanticen y defiendan los derechos de camarógrafos y periodistas en su ejercicio profesional. Ojalá el Gobierno no haga caso omiso (como ya nos tiene acostumbrados) y asuma sus obligaciones con la misma firmeza con que las evade.    

 


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